Aborto: la fórmula del gobierno para enfrentar discusión ante el TC

Este viernes vence el plazo que tiene el gobierno para hacer llegar un pronunciamiento ante el Tribunal Constitucional respecto del reglamento para la aplicación de la objeción de conciencia en materia de aborto, el que fue dictado por el Ministerio de Salud el pasado 29 de junio.

Cada palabra del escrito, cuya redacción estuvo a cargo de los equipos jurídicos del Minsal y la Segpres, fue elegida cuidadosamente con el fin de evitar que el Ejecutivo aparezca defendiendo un instrumento que -en el fondo- no comparte y al que -dicen en Palacio- se vio obligado a modificar.

‘No compartimos el dictamen, pero lo acatamos’. Esa fue la reacción de la vocera, Cecilia Pérez, cuando en mayo pasado el gobierno tuvo que ajustar el instrumento al dictamen de Contraloría que declaró como no conforme a derecho las modificaciones instruidas por el Minsal al protocolo elaborado por la administración anterior, las que terminaron permitiendo a las instituciones privadas de salud que mantuviesen convenios con el Estado acogerse al derecho de objeción de conciencia.

Lo anterior fue revertido por el Minsal en el decreto que reingresó al organismo, el que establece, precisamente, una excepción respecto de dichas instituciones. ‘Los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del DFL Nº 36 podrán ser objetoras de conciencia siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología’, se lee en el texto que, luego, fue impugnado por los senadores y diputados del propio oficialismo ante el Tribunal Constitucional.

Desde el sector argumentan que dicha prohibición contravendría el principio constitucional de la igualdad ante la ley y, asimismo, el de la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad.

Precisamente, es esa postura la que comparten en La Moneda.

De hecho, dicen en Palacio, el texto que será ingresado hoy ante el Tribunal Constitucional podría incluso referirse a la ‘libertad’ que tienen los organismos privados de actuar conforme a sus valores y visiones, más allá de si reciben o no recursos del Estado.

Así, el gobierno -señalan fuentes conocedoras del texto- evitará referirse al fondo de la discusión, apelando a la misma línea argumentativa que han expuesto públicamente sobre la materia.

Con todo, en el Ejecutivo esperan que el organismo falle ‘en su mérito’, y sea cual sea la decisión que adopte se zanje la discusión en torno a la aplicación de la norma.