Atrasos en el AUGE

La Subsecretaría de Redes Asistenciales ofició a todos los Servicios de Salud del país para que gestionen rápidamente todos los casos del GES, o AUGE, que estén en listas de espera. Se trata de 15.825 casos que, al 31 de mayo, se hallaban en esa situación.

Fuente: El Mercurio

La Subsecretaría de Redes Asistenciales ofició a todos los Servicios de Salud del país para que gestionen rápidamente todos los casos del GES, o AUGE, que estén en listas de espera. Se trata de 15.825 casos que, al 31 de mayo, se hallaban en esa situación, los cuales deberán estar resueltos antes del fin de este mes. Cada servicio deberá examinar las causas de los retrasos, y si estos no pueden ser superados dentro del plazo, deberá avisar al Fonasa para que proceda a efectuar una compra centralizada en el sector privado. Parece ser una decisión apropiada para resolver de una vez por todas la situación de miles de personas que esperan, sin fecha, que se les solucione un problema grave de salud. Pero, sin duda, no es la solución a las dificultades de atención que experimentan estos enfermos, ni menos los que padecen de males que no están contemplados en el AUGE.

El sistema GES, de garantías explícitas en salud, más conocido como AUGE, ofrece justamente una “garantía” de que la persona recibirá el tratamiento de salud adecuado en los plazos que establece la ley, con el apoyo financiero también conocido de antemano. Pero sucede que esas garantías no se cumplen, a pesar de que la ley señala que tendrán prioridad estos enfermos, que sufren de los males que más afectan, al menos teóricamente, la salud de los chilenos. La misma ley dejó establecido que si los plazos se vencen, los pacientes pueden presentar un reclamo que debería ser respondido en cuestión de días, asignándole un nuevo prestador. Nada de eso ocurre y las personas esperan en promedio tres meses y en algunos casos más de seis meses. En el caso de las embarazadas, los atrasos pueden ir más allá del tiempo normal de un embarazo, con lo cual tienen su parto antes de haber recibido la atención, lo que convierte a la “garantía explícita” en una burla cruel.

Desde el momento mismo de la aprobación del plan AUGE se comentó que otorgar prioridad a ciertos enfermos iba a causar un empeoramiento de la atención de los pacientes afectados por las patologías excluidas del plan. Así parece haber ocurrido, puesto que la lista de espera de estos pacientes se empina sobre el millón ochocientas mil personas y las esperas en estos casos son mayores a los 10 meses. Más de 200 mil personas aguardan por una operación y la experiencia revela que la mitad de ellas deben esperar bastante más de un año antes de ser recibidas en los pabellones quirúrgicos. Las nuevas exigencias que ha planteado con cierto grado de urgencia la Subsecretaría de Redes Asistenciales pondrán mayor presión por resolver los casos de las ochenta enfermedades AUGE y se corre el riesgo de que aumente significativamente el número de pacientes en las largas listas de espera no AUGE.

Los problemas de equipamiento, presupuesto y falta de personal terminan por reflejarse de alguna forma. Mientras no se aborde la verdadera naturaleza de las deficiencias en la atención de salud del país, la autoridad podrá concentrarse en superar una clase de problemas u otra, pero la realidad no tardará en imponerse: si se arregla una, empeora otra. Las autoridades han tenido serias dificultades al enfrentar estos hechos y cada vez que han emprendido un ejercicio completo y serio, como fue la creación del plan AUGE, las ideas terminan convertidas solo en palabras, puesto que si no hay fondos suficientes para financiar esos proyectos, no se avanza efectivamente.

El gasto en salud ha aumentado muchas veces a lo largo de estos últimos 25 años, pero la atención que ofrecen los servicios públicos no ha mejorado mayormente. Las promesas de los programas de gobierno terminan por eludirse y el dinero que el país recauda, que también ha aumentado sustancialmente, no se gasta en lo que la ciudadanía reclama. Ahora que atravesamos por un período de menor crecimiento, las exigencias de los estudiantes impulsan al Gobierno a proponer gastos crecientes en educación superior, antes de que pueda cumplir su palabra de dar garantías en la atención de salud.

Recuadro

Se proponen gastos crecientes en educación superior, pero no se ha podido cumplir la palabra de dar garantías en la atención de salud.

Fuente: El Mercurio