Contraloría afirma que protocolo de objeción de conciencia del Gobierno no se ajusta a derecho y se deberá rehacer

Una semana después de la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, y cuando el Gobierno pretendía dejar atrás el episodio en el cual se cuestionó el cambio que este realizó al protocolo de objeción de conciencia de la Ley de Aborto, la Contraloría emitió ayer un dictamen que echó por tierra los planes del Ejecutivo. Más aún, se reavivaron las voces entre la oposición que piden la renuncia del secretario de Estado.

El pronunciamiento del organismo de control se originó a raíz de las distintas peticiones hechas por senadores y diputados de la ex Nueva Mayoría, el Frente Amplio e independientes, y trabajadores del sector agrupados en la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss). Y su conclusión es que el documento que redactó la administración actual “no se ajusta a derecho” y que la autoridad “deberá adoptar las medidas necesarias a fin de dejar sin efecto la resolución”.

Los argumentos
En enero, el gobierno de Michelle Bachelet elaboró el protocolo que exige la Ley de Despenalización del Aborto sobre la objeción de conciencia, es decir, acerca de la forma en que se debe manifestar el rechazo a interrumpir embarazos.

En ese texto se establecía que “los establecimientos públicos de salud, así como aquellos privados que se encuentren adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud mediante la celebración de convenios a los que se refiere el Decreto con Fuerza de Ley 36 (DFL 36) de 1980, no pueden invocar objeción de conciencia, en la medida en que el objeto de dichos convenios contemple prestaciones de obstetricia y ginecología”.

Pero a 12 días de haber asumido el actual Gobierno, el Ministerio de Salud decidió derogar el anterior protocolo y hacer uno nuevo, en el cual, entre otros cambios, no figuraba el párrafo anterior. Con ello, se permitió que los establecimientos privados que mantengan convenios con el Estado puedan declarar objeción de conciencia.

La razón que dio Santelices entonces, y que reiteró en la interpelación, fue que si se mantenía el impedimento de objeción de conciencia para los centros privados que mantuvieran convenios con el Estado, estos optarían por poner fin a esos contratos. Según el ministro, si eso ocurría se dejarían de hacer 1.195.000 prestaciones al año a pacientes del sector público y los hospitales de San Bernardo y Panguipulli cerrarían.

Sin embargo, el dictamen de la Contraloría afirma que los recintos de salud privados que celebran convenios con el Estado en el marco del DFL 36 están realizando una función pública y utilizando recursos públicos, por lo tanto “no pueden adoptar una posición que les impida realizar las prestaciones de salud a que se encuentra obligado el Estado”. O sea, no pueden ser objetores de conciencia.

La Contraloría, además, cuestionó que tanto el protocolo del actual Gobierno como el que había redactado la administración de Michelle Bachelet intentaban regular aspectos no desarrollados en la ley, como el establecimiento de obligaciones y requisitos para adquirir la calidad de objeción de conciencia, los efectos y su eventual revocación. Ello también fue considerado que no se ajusta a Derecho.

Incierto escenario

Santelices ayer estaba en Isla de Pascua, hasta donde viajó para dar inicio a la vacunación contra la fiebre amarilla. Cuando regresó a Santiago, se encontró con el dictamen de la Contraloría y parlamentarios de oposición pidiendo su renuncia.

Miguel Crispi, diputado de Revolución Democrática, dijo que “el ministro debe dar un paso al costado. Si no tiene la voluntad de hacerlo, el Gobierno le debería pedir la renuncia, pero mientras eso no pase vamos a estudiar la posibilidad de una acusación constitucional”. Por su parte, el jefe de los diputados PPD, Ricardo Celis, recordó que “a raíz de esta fallida modificación del protocolo, el ministro Santelices le cortó la cabeza a su jefe de gabinete, aunque él estaba en error. Y vino la interpelación e insistió en el error. Lo que corresponde es dar un paso al lado y renunciar”.

Desde el Ejecutivo, fue la ministra vocera, Cecilia Pérez, quien enfrentó la decisión de la Contraloría leyendo una declaración en la que sostuvo que el Gobierno no comparte la decisión, pero que la acatará.

“Nuestra posición se fundó en la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció tanto la objeción de conciencia personal como la institucional”, dijo, y añadió que la ley dice que la objeción de conciencia se debe normar por protocolo y no reglamento. De todas maneras, afirmó que “anunciamos que a la brevedad prepararemos un reglamento que regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría”.

La vocera no respondió sobre la situación en que queda Santelices al interior del gabinete.

El titular de Salud, además de haber enfrentado una interpelación por el protocolo, ya había sido cuestionado porque no informó del cambio al Presidente Sebastián Piñera.

Críticas
Un mes y 20 días llevaba el ministro de Salud, Emilio Santelices, cuando fue interpelado.

”Como Gobierno no compartimos la decisión, pero, comprometidos con el Estado de Derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen”.

CECILIA PÉREZ Ministra Vocera de Gobierno

”Valoro el dictamen de la Contraloría, que defiende el derecho de las mujeres de nuestro país a decidir en situaciones difíciles, como es el #Aborto3causales” MICHELLE BACHELET A través de Twitter

”El país entero tiene claro que aquí se cometió una ilegalidad y la Contraloría le dice que su protocolo no es válido, que tiene que anularlo entero”. MARCELA HERNANDO Diputada PRSD

‘‘En opinión de nosotros, en Renovación Nacional, el ministro está haciendo una gestión adecuada en las materias que le competen y esperamos que siga en el cargo”. MARIO DESBORDES Diputado y presidente de RN

”El fallo de la Contraloría deja meridianamente claro que aquí se actuó de manera totalmente contraria al derecho que las mujeres adquirieron de invocar el aborto en alguna de las tres causales”. JUAN LUIS CASTRO Diputado PS y presidente de la comisión de Salud

”Porque se generaría un riesgo sanitario muy alto, vamos a pedir una reposición a la Contraloría y entregar nuevos antecedentes”. FRANCISCO CHAHUÁN Senador RN

Reparos del ente fiscalizador

Hospitales. La Contraloría confirma que los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia. Esto debido a que es función del Estado garantizar el acceso libre a la salud.

Privados. El dictamen afirma que las instituciones particulares que mantengan un convenio con el Estado, en el marco del Decreto con Fuerza de Ley N° 36, no pueden acogerse a la objeción de conciencia, ya que al recibir recursos públicos se entiende que sustituyen a los Servicios de Salud y están cumpliendo una función pública, por lo que forman parte de la red pública de salud.

Protocolos. Tanto el protocolo de objeción de conciencia presentado por el actual gobierno como el redactado por la anterior administración fueron rechazados por la Contraloría, ya que regulan “ciertos aspectos no desarrollados por la ley”.

Fuente:El Mercurio