Diputados ratificaron informe de investigadora de CENABAST que acusa opacidad del mercado de los medicamentos

El documento, que recibió 66 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, presenta observaciones sobre el mercado de los medicamentos.

Fuente: Camara de Diputados de Chile

La participación de los organismos públicos en torno a ellos y las problemáticas que enfrenta la ciudadanía respecto de su acceso. Además, se considera un listado de proposiciones para mejorar el sistema actual.

Con la aprobación del informe, la Cámara de Diputados culminó el análisis realizado por la Comisión Investigadora del rol de los organismos públicos respecto de la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por la población (Revise acá el documento completo).

El texto sostiene que la disparidad de precios en los medicamentos -entre la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) y las cadenas de farmacias- refleja la opacidad de este mercado, lo que justificaría la necesidad de una regulación específica.

La Comisión también concluyó que la regulación aplicable a la elaboración de preparados farmacéuticos en recetarios de farmacia perjudican al paciente y consideraron que las altas exigencias en bioequivalencia han configurado un factor gravitante al momento del alza sostenida de los medicamentos en nuestro país. Además, estimaron que se han impuesto altas barreras de entrada al mercado de los fármacos, encareciendo sistemáticamente el costo de investigación y de producción, lo que claramente es un desincentivo para la innovación y elaboración de productos genéricos y similares.

Acusaron que la opacidad del mercado se debe en parte a las prácticas comerciales de los laboratorios internacionales, dado que tienen registradas en Chile las moléculas y a que la ley define que el amplio período de protección del derecho de patente (puede llegar a 20 años).

“Es sabido también, y se refleja en el reciente caso conocido de colusión de las ampollas, que las licitaciones públicas, y podríamos asumir que también en las compras privadas, los laboratorios se ponen de acuerdo para la fijación de los precios, por lo que no sería un mecanismo tan transparente ni tan competitivo”, remarca el informe.

Los diputados estimaron que también existe asimetría en la información entre los principales actores del mercado; falta de transparencia en el modelo de negocio de las farmacias; apelaron a fortalecer la competitividad y la comparabilidad en los precios de los medicamentos; y observaron que la remisión de la Ley Ricarte a la dictación de decretos que buscan operativizar el sistema resultan en una mayor traba y en una consecuente limitación en el acceso a medicamentos.

“La Ley Ricarte Soto, en los términos en que está siendo aplicada, es una ley que re-discrimina a los pacientes determinando de manera arbitraria quiénes tienen derecho a medicamentos y tratamientos y quiénes no. Lo anterior en el entendido que el Plan de Acceso Universal a Garantías Explicitas en Salud (AUGE) no contempla a los pacientes con enfermedades de baja prevalencia y alto costo”, agregaron.

Proposiciones

Dentro de las proposiciones, el informe plantea redefinir el concepto de receta, estableciendo que el profesional prescriptor debe señalar en primer lugar la denominación común internacional y, solo a modo de información, el facultativo podrá sugerir un medicamento en particular.

Pidieron también tomar en consideración el recetario magistral, extendiendo el periodo de vigencia de los preparados magistrales y definiendo que estos podrán contener los principios activos en sus mismas dosis y formas farmacéuticas registradas.

Luego, se pide al Ejecutivo impulsar una regulación eficiente y exhaustiva ante la escasa regulación en materia de fármacos. En este sentido, se plantea considerar: que la Cenabast pueda ser utilizada como intermediario por las farmacias que no actúen en cadena; una reducción del IVA en medicamentos de alto costo; y establecer una banda de precios.

Por último, entre otras varias sugerencias, se llama a potenciar la creación de genéricos bioequivalentes; que el Estado pueda hacer uso del licenciamiento obligatorio de medicamentos que no estén siendo producidos en nuestro; fortalecer la transparencia y la institucionalidad pública; establecer reglas que eviten la integración vertical; ingresar un proyecto que busque obtener la autorización para que el Estado pueda llevar a cabo actividades empresariales, en investigación y producción de fármacos; y que el Ejecutivo amplié su cobertura en materia de Ley Ricarte Soto.

Fuente: Camara de Diputados de Chile