Aborto: Con anuncio de interpelación y nueva ley, oposición busca frenar cambios a protocolo

El ministro de Salud, Emilio Santelices, podría ser el primer secretario de Estado de esta administración interpelado por el Congreso si es que prospera la idea impulsada por parlamentarios del Partido Radical.

La diputada Marcela Hernando aseguró que ya tienen las firmas necesarias (se requiere un mínimo de 53, y ayer sumaban 57) para presentarlas hoy ante la secretaría de la Cámara y aprobar una interpelación.

La razón esgrimida es el cambio que hizo el Gobierno -a 12 días de haber asumido- al protocolo de objeción de conciencia de la Ley de Despenalización del Aborto en tres causales.

“Existen argumentos jurídicos suficientes para demostrar que este es un protocolo que pasa a llevar a la ley”, sostuvo Hernando. De prosperar la interpelación, esta estaría a cargo de la propia diputada.

La administración de Michelle Bachelet había hecho un protocolo que establecía que los recintos de salud privados que mantuvieran convenios con el Estado para dar atenciones ginecológicas y obstétricas no podían declararse como objetoras de conciencia. Eso había causado que instituciones como la Universidad Católica fueran a la justicia pidiendo declarar ilegal esa disposición, que afectaba a la Red de Salud UC-Christus.

El actual gobierno cambió esa parte de reglamento, por lo cual hoy una entidad particular puede seguir manteniendo convenios con el Estado y ser objetora de conciencia. Luego de esa decisión, la UC retiró el recurso de protección. Después de que se dio a conocer el protocolo que redactó este gobierno, además de la UC, otras clínicas, como Indisa, de la U. de los Andes y Alemana de Osorno anunciaron que se declararán como objetoras de conciencia.

Hasta ayer, Santelices no sabía de la idea de los parlamentarios, pero comentó sobre el cambio en el protocolo que “las modificaciones se hicieron para, por un lado, proteger a las mujeres que requerían esta ley de aborto en tres causales, pero también para cuidar y proteger a cientos de mujeres que en presencia de un embarazo de alto riesgo tienen que recurrir necesariamente a un servicio privado, dado que nuestro país tiene un déficit de 900 camas de neonatología (…). Estamos cuidando a todas las chilenas que lo puedan requerir en momentos de vulnerabilidad médica”.

Según la autoridad, si se mantenía el protocolo como lo redactó la administración anterior, instituciones privadas se declararían objetoras de conciencia y terminarían los convenios con el Estado, lo que dejaría a pacientes del sector público sin atención oportuna.

El diputado Jaime Bellolio (UDI) apoyó las razones de Santelices para la modificación del protocolo: “El TC zanjó que existe la objeción de conciencia institucional. Y si existe, no puede ser condicionada”.

Proyecto

Además del anuncio de interpelación, ayer parlamentarios de oposición presentaron un proyecto de ley interpretativa precisamente para modificar los alcances de la objeción de conciencia institucional. En el único artículo de la iniciativa se plantea que “los protocolos tienen por finalidad asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción del embarazo. En consecuencia, los establecimientos de salud que invoquen objeción de conciencia no podrán celebrar convenios con el Estado en materia de ginecología y obstetricia”.

El diputado PS Juan Luis Castro, quien impulsa el proyecto, afirmó que también se busca revertir el cambio de protocolo hecho por el Gobierno. Dijo que “no se puede tolerar que instituciones privadas firmen convenios para hacer atenciones a pacientes del sector público, pero solo algunas atenciones, no todas, las que a ellos les acomodan, y siguen quedándose con recursos del Estado”.Al respecto, Santelices afirmó que “en cualquier indicación que puedan hacer los parlamentarios, personalmente les voy a pedir que cuiden ese gran activo y necesidad que es darle garantía de protección a la población vulnerable”.