Fonasa instruye medidas por alto costo de la Ley de Urgencia

Las clínicas los reciben, atienden, los estabilizan y luego avisan que ya están aptos para ser trasladados. Ese es el procedimiento que rige, por la Ley de Urgencia, para los usuarios de Fonasa que, al encontrarse con riesgo vital o secuela funcional grave, son atendidos en los centros de salud privados. ¿El problema? El “rescate” de estos pacientes desde estos recintos y su derivación a los hospitales no ocurre en los plazos debidos, lo cual impacta fuertemente en el gasto del sector público.

Eso genera que Fonasa, además de pagar la atención de la urgencia, deba asumir la permanencia extra del enfermo mientras espera su traslado, cifras que pueden llegar a doblar el costo de la atención de emergencia.

Ese presupuesto adicional ha tenido un incremento del 364% en los últimos cuatros años. Ello, pues mientras en 2013 el gasto por ese concepto fue de $ 10 mil millones, en 2017 subió a $ 48 mil millones, pese a que la cantidad de beneficiarios se ha mantenido relativamente estable (ver infografía).

La normativa, que rige desde 1999, obliga a todo prestador de salud a entregar la atención de urgencia que requiera una persona cuando está en riesgo su vida o pueda sufrir secuelas graves. Esto, sin importar el seguro que posea ni sus convenios con prestadores. Sin embargo, una vez que el paciente recibe el tratamiento debe decidir si permanece en el centro al que llegó -asumiendo los costos económicos asociados- o, en caso contrario, ser trasladado. De esta forma, cuando un afiliado a Fonasa ya fue atendido en una clínica, se encuentra estable y opta a ser trasladado hasta un centro de la red pública, son los servicios de salud y hospitales los que tienen la obligación de “rescatarlo”. “La clínica avisa a través de la plataforma informática a la Unidad de Gestión Centralizada de Camas del Ministerio de Salud, momento en que se inicia la búsqueda de cama en la red pública para proceder a su correspondiente rescate. De no ocurrir ello, el paciente queda en la clínica bajo el concepto de “posestabilización o rebase Ley de Urgencia”, y esa atención la cubre Fonasa”, explicaron desde el seguro.

Ana María Albornoz, gerenta general de la Asociación de Clínicas de Chile, agrega que cuando se ha estabilizado al paciente, se debe notificar en un plazo máximo de 24 horas al servicio de salud público. Y este ‘determinará si lo traslada a un centro hospitalario. Si no cuenta con camas, podrá autorizar para que el paciente continúe en la clínica’.

Causas

Hay varias razones que explican los problemas de “rescate” de los usuarios de Fonasa desde las clínicas. ¿La principal? El déficit de camas críticas de la red pública. “Así como existe lista de espera para consultas y cirugías, también hay lista de espera para una cama de hospitalización. Estos pacientes requieren de observación en unidades intermedias y son esas camas las que faltan”, dice el decano de la Facultad de Medicina de la U. San Sebastián, Manuel Inostroza.

Albornoz agrega que el argumento que dan los servicios de salud para que el internado se mantenga en la clínica es que no cuentan con la “disponibilidad o capacidad para atenderlo”.

El director del Servicio de Salud del Maule, Max Aguilar, explica que si bien “estamos continuamente revisando y rescatando a los pacientes, siempre hay una demanda de camas, incluso en la urgencia, y tenemos que esperar para poder hospitalizar”.

Otra causa corresponde a que previo a 2015, el costo de las atenciones prolongadas en las clínicas era cubierto por los servicios de salud. Sin embargo, una resolución exenta de ese año dispuso que el valor del rebase lo asumiría Fonasa. Para el director del organismo, Marcelo Mosso, esto “anuló el incentivo a los servicios de salud para mejorar las tasas de rescate”. Así, actualmente solo el 14% de los servicios rescata a los enfermos a tiempo y las estadías de estos en las clínicas promedia 7,7 días.

Mejorar tasas

Este escenario llevó a las autoridades de Fonasa y del Ministerio de Salud a implementar medidas para disminuir costos y tener la meta de rescate del 28% a diciembre de 2018.

Así, por ejemplo, se establecerá un monto máximo a pagar de 28%. Si los servicios no lo logran, deberán costear el exceso con su propio presupuesto. Además, se buscará mejorar protocolos para precisar las circunstancias en que procede la declaración de riesgo vital.

Asimismo, los directores de servicios y de hospitales deberán justificar cada caso no rescatado oportunamente y se monitoreará a los pacientes (ver recuadro).

“Estas medidas resguardan el derecho de los pacientes a ser atendidos, ya que nuestra prioridad es que aquellos que requieren cuidados críticos cuenten con la atención médica que se merecen” , añade Mosso. Para Inostroza, comprometerse a rescatar al 28% de los usuarios es razonable. “Es difícil poner metas más altas cuando se trata de pacientes graves que requieren de algún tipo de observación en unidades críticas o intermedias, lugares donde el déficit de camas es mayor”, explicó.

El director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, comparte que hay un desincentivo para los servicios de salud “cuando la cuenta la paga Fonasa”. Añade que debería haber un monto máximo a pagar. “Esa medida obligará a los servicios de salud a ser más diligentes”, indica.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

MEJORAR PROTOCOLOS
Se ordenan mejoras y criterios de atención, precisando las circunstancias en que procede declarar riesgo vital o secuela funcional grave.

RESCATE
Se establece la meta de aumentar gradualmente tasa de rescate a 28% a diciembre de 2018, con un monto máximo a pagar por parte de Fonasa.

RESPONSABILIDAD
Los directores de servicios y hospitales deberán justificar casos no rescatados.

MODIFICAR NORMAS
Se incorporan nuevos procedimientos en relación a los criterios de pago.

FISCALIZACIÓN
Se fiscalizará el uso correcto de la Ley de Urgencia y la supervisión de casos con estadías prolongadas.

MONITOREO
Se hará seguimiento a los pacientes internados.

“En 2015 se anuló el incentivo para mejorar las tasas de rescate”.
MARCELO MOSSO DIRECTOR DE FONASA

“La clínica debe notificar en un plazo máximo de 24 horas al servicio de salud”.
ANA MARÍA ALBORNOZ ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS

“Las medidas obligarán a los servicios de salud a ser más diligentes”.
HÉCTOR SÁNCHEZ SALUD PÚBLICA DE LA UNAB

“Pienso que el compromiso de rescatar el 28% es algo razonable”.
MANUEL INOSTROZA DECANO DE MEDICINA USS

Fuente: La Tercera