Sumario a ex jefe de fiscalización de la Súper de Salud revela advertencias que surgieron en la institución por el riesgo de Masvida

Marcelo Ricci fue sancionado por no haber informado parentesco con el ex gerente de Finanzas de la ex isapre, José Baüerle

El proceso sancionatorio en contra del funcionario dio a conocer cómo se gestaron las liberaciones de garantía que permitió el regulador a la aseguradora, las que hoy son cuestionadas por distintos actores. Fiscalizadores afirmaron que hubo señales de alerta al menos desde 2015.

Fuente: El Mercurio

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Un par de meses antes de que estallara oficialmente la crisis de Masvida, dentro de la Superintendencia de Salud ya había alertas sobre situaciones extrañas en torno a la ex isapre.

El 5 de diciembre del año pasado se instruyó un sumario administrativo para esclarecer un eventual conflicto de intereses del entonces ex jefe del Departamento de Fiscalización de la superintendencia, Marcelo Ricci Baüerle, quien era el sobrino del gerente de finanzas de la isapre, José Baüerle. De hecho, en el proceso Ricci reconoció haber transgredido el deber de abstención al no informar el parentesco y que, pese a ello, tomó parte de manera efectiva en decisiones de fiscalización sobre la isapre.

En el proceso del sumario -que fue liderado por el fiscal Osvaldo Varas- surgieron múltiples antecedentes sobre cómo se gestaron las liberaciones de garantía que autorizó el regulador a Masvida, sobre todo una por $24 mil millones, de septiembre de 2016, y las distintas advertencias que tenían varios funcionarios sobre la compleja situación financiera de la ex isapre, las que, a juicio de algunos, no se debieron haber permitido, al menos no en su totalidad.

Incluso en las declaraciones que se tomaron en el marco del sumario -al que tuvo acceso “El Mercurio” vía solicitud por Ley de Transparencia- hay quienes plantearon que desde 2015 la isapre ya estaba “técnicamente quebrada”.

Ricci finalmente fue sancionado en febrero de este año con la suspensión de su empleo por dos meses con goce de un 50% de la remuneración que le correspondía, pero ese mismo mes renunció a la superintendencia.

La investigación del sumario apuntó a cómo fue el proceso de liberación de garantías que se realizaron a Masvida, e incluso reveló falencias que existían en la superintendencia en estos procedimientos en general. Por ello, el fiscal del sumario sugirió “estudiar e implementar un procedimiento claro para la tramitación de las solicitudes de devolución de garantías por parte de las isapres”.

El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, ha asegurado ante la comisión investigadora de Masvida en la Cámara de Diputados que una alternativa era negar las peticiones de liberación de garantías, pero que ello habría generado que se incumpliera el indicador de garantía y se habría desatado por adelantado una situación de crisis de la isapre, todo esto en medio del proceso de búsqueda del socio estratégico en el que se encontraba la aseguradora. Consultado el regulador, no hubo respuesta para este reportaje.

Recuadro:

$87 mil millones en garantía accedió a liberar la Superintendencia de Salud a Masvida entre mayo de 2016 y enero de este año. La liberación de mayor monto se produjo en septiembre, por $24 mil millones.

$120 mil millones sería, aproximadamente, la deuda de la ex isapre con prestadores y afiliados.

—Ricci: “(Mi postura) era restringir al máximo la devolución”
Marcelo Ricci se desempeñó desde noviembre de 2015 como jefe de Fiscalización de la Superintendencia de Salud. En este período, la isapre estaba bajo un monitoreo especial. En su declaración en el sumario, el inculpado reconoció el parentesco con el ex gerente de Finanzas de Masvida, aunque aseguró que su contacto con él era casi nulo. No obstante, dijo que nunca se abstuvo de participar en las temáticas asociadas a la aseguradora y dijo que las decisiones se tomaban en conjunto.

Añadió que las solicitudes de liberación de garantías llegaban a la intendenta de Fondos, Nydia Contardo, que luego los llamaba a reunión. “Incluso en algunas estuvo el superintendente (Sebastián Pavlovic), yo participé”, sostuvo. Así, relató que cuando solicitaron, en agosto del año pasado, una liberación por $12 mil millones, expresó su desacuerdo. “Me hacía mucho ruido la devolución en exceso, dado el endeudamiento con las empresas relacionadas”, añadió.

En un correo electrónico que Ricci envió a Marcos Puebla, en ese entonces jefe del subdepartamento de Fiscalización de Beneficios, el 25 de agosto de 2016, expone: “ayer le di vueltas a lo de Masvida y ciertamente debemos negar la solicitud de liberación de garantías. Llamaré a Nydia y al Super en ese sentido! (sic)”.

Luego vino la petición de septiembre que fue del doble ($24 mil millones) y aseguró que la decisión de autorizarla fue de Pavlovic y Contardo.

Para esa solicitud, Ricci y Puebla proponían no acceder al total del monto de la petición. Sin embargo, en un correo con fecha 26 de septiembre y dirigido a la intendenta de Fondos (s), Ana María Andrade, Puebla aseguraba: “Marcelo habló con el superintendente, quien está de acuerdo en autorizar a todos los prestadores no relacionados y solamente vía transferencia electrónica. En relación con los excesos, es de la opinión de autorizar el monto total, independiente de la forma de pago, pero haciéndole presente a la isapre que privilegien la transferencia electrónica”.

—Puebla: “Tengo correos donde (Ricci) insta a fiscalizar, donde opina negar la solicitud de garantía”

El entonces jefe del subdepartamento de Fiscalización de Beneficios y hoy sucesor de Ricci en el cargo de jefe del Departamento de Fiscalización, Marcos Puebla, afirmó que en septiembre de 2015 -cuando Cristián Tortella estaba en el cargo- empezaron a notar una situación irregular, que después se fue acrecentando. En la declaración, Puebla aseguró que si las solicitudes de garantía se negaban, se corría el riesgo de que la isapre no pudiese pagar sus compromisos, lo que complicaría el otorgamiento de beneficios.

No obstante, reveló que Ricci tenía una actitud más conservadora al respecto. “Tengo correos donde insta a fiscalizar, donde opina negar la solicitud de garantía”, manifestó.

—-Intendenta de Fondos: “Se privilegiaba el gasto de farmacia vinculado a GES”

Varios de los oficios de autorización de uso de recursos en garantía de Masvida fueron firmados por la intendenta de Fondos, Nydia Contardo, documentos que han sido cuestionados por prestadores ante la Superintendencia e incluso en la Contraloría. En el marco del sumario, Contardo declaró en diciembre de 2016 ante el fiscal Varas, asegurando que “desde hace un par de años se veía la inestabilidad financiera de la isapre”. La autoridad manifestó que lo que se tuvo en cuenta a la hora de liberar garantías era no perjudicar a los beneficiarios. “Yo estaba de acuerdo con la facultad de autorizar la garantía, aunque pedí determinar a quiénes se pagaba, como forma de que no fuese a ninguno de los relacionados. Se privilegiaba el gasto de farmacia vinculado a GES”, sostuvo.

—Encargado de la Unidad de Riesgos declaró que desde 2015 “la isapre estaba técnicamente quebrada”

Una de las declaraciones que más información revelaba en el marco del sumario de Marcelo Ricci fue la de Enrique Hidalgo, encargado de la Unidad de Supervisión de Riesgos de la Superintendencia de Salud. En medio del monitoreo especial que se hizo a la ex isapre, Hidalgo aseguraba que una de las situaciones que encendió sus alertas era que los activos de la ex isapre estaban sobrevalorados, por ejemplo, en deudas de cotizaciones. “Me llamaba profundamente la atención que esa isapre mantuviese un activo tan alto en sus deudas de cotizaciones y que nosotros como superintendencia no hubiéramos cuestionado esa situación”, dijo.

Con las evaluaciones que realizaron, detectaron en la mayoría de las áreas “altísimos niveles de riesgo”. Con ello, sostuvo que retroalimentaron en una reunión al superintendente, Sebastián Pavlovic; a la intendenta y al jefe de Estudios, diciéndoles que la situación de Masvida era de “extrema gravedad y que efectivamente de no materializarse la venta de la isapre, esta estaría quebrada hace un buen rato”. En su declaración del 12 de diciembre del año pasado, respondió que, a su juicio, “hace más de un año la isapre estaba técnicamente quebrada”.

Le preocupaba la antigüedad de la deuda que mantenía Masvida con prestadores. “Dada la antigüedad de la deuda, la superintendencia estaba facultada, a través de sus facultades legales, tomar acciones mucho antes de lo que lo hicimos”, reconoció. No obstante, aseguró que eso no es ámbito de su gestión.

Respecto de la liberación de garantías, Hidalgo aseguró: “yo era del criterio de que por ningún motivo del mundo se hubiese permitido una rebaja de garantía, dado que, a mi juicio, tenían activos sobrevaluados que, por lo tanto, generan que la garantía que ellos mantienen es menor a la que deberían mantener”. Si bien asegura que la isapre tenía derecho a solicitar liberación, “desde el punto de vista de análisis de riesgo, a mi juicio, no correspondía. (…) Yo la hubiese negado”, dijo.

—-Fiscalizadores revelan lo que les llamó la atención de las liberaciones de garantía

“Llama la atención la mayor facilidad de liberación de las garantías. No recuerdo eso con otras isapres, salvo con Ferrosalud (isapre cerrada que fue adquirida por Óptima)”, declaró Marcelo Reyes, fiscalizador del Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios de la Superintendencia de Salud, que durante 2015 viajó a Concepción junto al encargado de la Unidad de Riesgos de la institución a evaluar la situación de la isapre.

En tanto, horas antes de esa declaración ante el fiscal del caso, Osvaldo Varas, el coordinador de ese subdepartamento reveló, el 12 de diciembre, otros elementos dentro del proceso que parecían fuera de lo común. “Me llamó la atención que se pagara a Cruz Verde por sobre los otros”, dijo. De hecho, el 16% de todas las liberaciones de garantías se utilizaron para pagarle a esa farmacia, porcentaje mucho mayor que lo que se pagó a grandes clínicas que prestaban servicios a afiliados de Masvida. Fuentes cercanas al proceso aseguraron que eso ocurrió porque la deuda mensual que tenía la ex isapre con Cruz Verde era muy alta. Además, según la intendenta de Fondos, se privilegiaba el gasto de farmacia vinculado al beneficio GES.

Fuente: El Mercurio