Ministerio de Salud: 87 recintos privados tienen obstetricia y ginecología

El Ministerio de Salud envió ayer un oficio al Tribunal Constitucional en el cual detalla el listado de establecimientos privados de salud que realizan prestaciones de obstetricia y ginecología, que por su naturaleza corresponden a atenciones de pabellón.

En su informe aseguran que son en todo el país 87 recintos de este tipo.

Esta era una medida para mejor resolver que solicitó el Tribunal Constitucional (TC) en la tramitación de los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por senadores y diputados de Chile Vamos, respecto del artículo 13, inciso segundo, del Decreto Supremo Nº 67, de 23 de octubre de 2018, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento para ejercer objeción de conciencia por la Ley de Aborto en tres causales.

La norma establece que las entidades privadas que han suscrito con el Estado convenios a través del Decreto con Fuerza de Ley (DFL) 36 “no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que comprendan atenciones en pabellón”, ya que estarían reemplazando la función de recintos públicos.

El TC había dado un plazo de cinco días corridos a la secretaría de Estado para que entregara esta nómina.

El documento, además de detallar el número de prestadores privados, indica el número de egresos por estas prestaciones en 2017 y entrega una comparación entre los egresos en recintos públicos y privados. El listado del ministerio contabiliza un total de 126.640 en los primeros y 94.085 en los segundos.

Sobre los recintos privados, el documento del ministerio registra 48.836 egresos en la Región Metropolitana. A continuación se ubica Biobío con 10.976 y Valparaíso con 10.176.

Del total, Arica y Parinacota es la región con menos casos, con 44 mencionados en el informe.

Rechazo a inhabilitación

El Pleno del TC rechazó por unanimidad inhabilitar a los ministros Juan José Romero, María Pía Silva y Miguel Ángel Fernández, del debate de estos requerimientos porque son docentes de la Universidad Católica.

La solicitud la había efectuado la bancada de diputados del Partido Socialista, la que cuestionaba su presencia en el debate porque esa casa de estudios ha manifestado su rechazo a la ley.