Reglamento de aborto: Segpres finaliza consultas a Contraloría, a 51 días del rechazo de protocolo

50 días se cumplieron ayer desde que la Contraloría declaró ilegal el protocolo de objeción de conciencia por la ley de aborto en tres causales y, pese a ello, el Gobierno aún ha dado a conocer la nueva norma, que esta vez tendrá carácter de reglamento.

Hace algunas semanas, el Presidente Sebastián Piñera había transmitido a su coalición que estaría listo tras resolverse la acusación constitucional contra el ministro de Salud, Emilio Santelices. Sin embargo, tras una semana, este no ha sido liberado.

Desde el Ejecutivo señalan que está listo, pero comentan que estaban a la espera de que la Contraloría emitiera -informalmente- su opinión respecto a detalles del texto, para evitar un nuevo revés. De hecho, ha sido el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, quien personalmente ha abordado con el contralor Jorge Bermúdez los alcances del reglamento, pese a que ambas autoridades se reúnen periódicamente para tratar distintos temas. Las coordinaciones por el reglamento, así, ya habrían culminado.

En ese sentido, se espera que el reglamento sea dado a conocer en los próximos días, cuyo contenido ha adelantado en privado a dirigentes oficialistas. “Estamos viendo los últimos detalles y esperamos presentarlo durante esta semana o a principios de la próxima, pero en los próximos días definitivamente”, dijo ayer el ministro Santelices.

En conversaciones con parlamentarios de Chile Vamos ha trascendido que el texto no cerraría la puerta a que recintos privados con convenios con el Estado puedan continuar recibiendo recursos, pese a ser objetores de conciencia.

Esa tesis ha sido defendida por el bloque, asegurando que el criterio usado por Bermúdez en el dictamen es inconstitucional. “Los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud”, decía el fallo de la Contraloría sobre el protocolo del Gobierno. Ese mismo punto fue, de hecho, el sustento del PS para impulsar un proyecto de ley interpretativo que avanza en el Congreso y que busca establecer por ley la inhabilidad de los privados de recibir fondos estatales si no practican abortos.

Pese a ello, el Gobierno habría redactado un texto que si bien se ajusta al dictamen del 9 de mayo, sería interpretativo en cuanto a los privados.

“Nos interesa conocer los alcances en términos de las prestaciones que se van a poder contratar por el convenio del DFL-36, porque sería absurdo dejar de prestar servicios que no dicen relación con lo obstétrico, porque esa institución haga objeción en aborto”, explica el diputado Jaime Bellolio (UDI), quien integra la comisión de Salud.

Asimismo, su par Javier Macaya indica que esperan que el reglamento “no cambie radicalmente las reglas del juego de la sociedad civil”. En particular, dice, “las de los centros de salud objetores de conciencia en cuanto a receptores de recursos. Hay garantías constitucionales involucradas y esperamos que puedan ser respetadas”.

“Espero que en esta oportunidad se recojan las consideraciones que han realizado los actores involucrados en lo relacionado a salud”, acota el diputado Jorge Durán (RN), quien también integra la comisión.

De todas formas, en Chile Vamos están a la espera de conocer la redacción del texto para evaluar los pasos a seguir, que podrían incluir recurrir al TC.

9 de mayo
Ese día la Contraloría declaró ilegal el protocolo redactado por el Gobierno.

Fuente:El Mercurio