Salud estima que precio base de planes de isapres no debería subir más de 4% en promedio este año

En marzo de cada año, las isapres informan a sus afiliados sobre cuánto será la variación del precio base de los planes que ofrecen, amparadas en el aumento de los costos que pudo haber tenido el sistema.

El año pasado, las aseguradoras llegaron a un alza promedio de 6,2%, pero en algunos casos el aumento fue de hasta 10%, principalmente para mujeres en edad fértil y adultos mayores. Así, por ejemplo, el incremento promedio para una mujer de 30 años que pagaba un plan de $106.255 mensuales fue de más de $6.500.

Con dicho contexto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirma que “hoy observamos con preocupación que las aseguradoras privadas producen alzas que no tienen una justificación técnica“.

Y es justamente para poner el foco en esas alzas anuales que la Superintendencia de Salud, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas, desarrolló el Índice de Referencia de Costos de la Salud (IRCSA). Se trata de un indicador que apunta, según sus creadores, a determinar de forma objetiva cómo variaron los costos para la industria y cuál es el alza de los precios que se justifica aplicar a los beneficiarios.

En el caso de este año, asegura el superintendente de Salud, Patricio Fernández, “lo que corresponde objetivamente es un precio promedio de variación que no exceda el 4%, llegando a una banda máxima de 5,2%”. Es decir, cualquier alza mayor que esos parámetros, según el Ministerio de Salud, sería injustificada.

Josefina Montenegro, presidenta de la Asociación de Isapres, dice que “la iniciativa de contar con un indicador referencial calculado por la Superintendencia de Salud es un avance para medir de forma técnica y objetiva el crecimiento del costo en salud”.

Aunque agrega que “el índice que propuso la autoridad es menor que las estimaciones de costos de la industria, por lo que debemos conocer el detalle que se utilizó para determinarlo, debido a que cada isapre tiene costos y proyecciones distintas, que pueden variar durante el año”.

En 2013 y 2014, en Chile ya se utilizó un indicador similar al IRCSA, llamado IPC de la salud, el cual también fijaba de manera referencial los máximos de reajuste. Esos años las alzas de las aseguradoras tendieron a ajustarse al valor informado por Salud y no sobrepasaban por mucho el índice sugerido.

La judicialización

Si bien legalmente las isapres tienen independencia para aplicar el alza que estimen conveniente, Salud espera que este índice sea utilizado como una banda de variación máxima. Además, apunta a que pueda ser un insumo técnico para los tribunales que resuelven los casos de recursos de protección de pacientes que recurren a la justicia para frenar los aumentos de precios.

Solo durante el año pasado se ingresaron más de 374 mil de estos recursos, que podrían significar un gasto para las isapres de más de $380 mil millones.

Para Guillermo Paraje, académico y economista de la U. Adolfo Ibáñez, este indicador no necesariamente disminuirá la judicialización que existe en el sistema. “Depende de cómo lo interpreten los jueces (…). Para cambiar la situación de la judicialización se necesita una ley que obligue a que las isapres puedan subir los planes de acuerdo a un índice“, afirma.

Por su parte, Manuel Inostroza, secretario ejecutivo del Consorcio de Universidades de Salud, advierte que “el valor que plantea el índice es más alto que el promedio histórico de alza de las isapres desde 2006, que es 3,7%“. Añade que “este indicador, así como está construido, podría convertirse erróneamente en un avalar las ineficiencias del sistema privado“.