Centros de salud públicos y privados tendrán que priorizar la atención de adultos mayores

Chile está envejeciendo, y rápido. En los últimos años, a la baja de natalidad se ha sumado el aumento de esperanza de vida del país que sitúa a los chilenos como los segundos del continente, después de Canadá, con la mayor esperanza de vida, llegando a los 80,5 años.

Aunque lo último es una buena noticia, también implica desafíos porque una población envejecida también es sinónimo de más personas haciendo un uso intensivo del sistema de salud.

En ese contexto, ayer la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y despachó a ley el proyecto que entrega una atención de salud preferente a los mayores de 60 años y a personas en situación de discapacidad. El proyecto es una moción de la comisión de Salud del Senado que recibió el apoyo del Ejecutivo y, en el marco del programa Adulto Mejor, le dio suma urgencia.

Una vez que la norma se publique en el Diario Oficial, el Ejecutivo tendrá seis meses para elaborar el reglamento que establezca cómo se llevará a cabo esto.

La ley dice que esta prioridad se aplicará tanto para tomar horas, como en las interconsultas con especialistas, entrega de medicamentos y toma de exámenes, tanto en el sector público como en el privado.

Actualmente, los adultos mayores pueden esperar horas para ser atendidos, sobre todo en el sistema público adonde acude el 90%. Por lo mismo, Homero Gac, presidente de la Sociedad de Geriatría, asegura que “esta ley tendrá un gran impacto, tanto para los adultos mayores como para los cuidadores que muchas veces los acompañan“.

Juan Carlos Molina, director del Observatorio Nacional de Envejecimiento, reconoce esto como un primer paso, pero aclara que “queda mucho por avanzar”. Agrega que “en otros países no tienen que pagar el metro, pueden entrar al estadio o a eventos recreativos gratis. Acá debemos ampliar los beneficios a todos los ámbitos”.

De a poco, en el país los adultos mayores comienzan a tener más beneficios: existe un descuento en el valor del pasaje del metro en Santiago, un subsidio para vivienda especial para ellos, reciben alimentos como cremas y sopas en consultorios y el Estado hasta destina fondos para que quienes tienen menos recursos vayan de vacaciones. Eso sí, enfrentan dificultades: por ejemplo, los mayores de 65 que trabajan no pueden acceder a capacitaciones del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

El escenario que prevén los expertos es que los adultos mayores sigan aumentando en el país, por lo que estos beneficios serán más requeridos y generarán mayor presión económica al fisco. Al respecto, Gac plantea que “la mayoría a los 60 años es absolutamente funcional” por lo que sería mejor que “los beneficios partan a los 65 años para enfocarse en quienes realmente los requieren“.