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10:53 am el 26 de Mayo del 2017

Clínicas buscan invalidar oficios de la Súper de Salud por medio de los cuales autorizó liberación de garantías a Masvida

Permiten que isapres aseguren obligaciones con beneficiarios y prestadores:

Al menos un centro de salud ya solicitó la medida al regulador para que revierta completa o parcialmente esos actos, y otros estarían evaluando acciones legales.

Fuente: El Mercurio

EL SUPERINTENDENTE DE SALUD, SEBASTÍAN PAVLOVIC

La preocupación de los prestadores de salud ante la incertidumbre de si las deudas que mantiene la ex isapre Masvida con ellos serán canceladas o no, está generando que estos tomen medidas que les permitan garantizar la devolución de estos recursos. Así, las clínicas buscarán invalidar los oficios por medio de los cuales la Superintendencia de Salud autorizó las liberaciones de garantía a la ex isapre Masvida.

Entre mayo de 2016 y enero de 2017, el regulador permitió la liberación de $87 mil millones a la antigua aseguradora de salud, unos $24 mil millones menos de lo que la firma le solicitó. Los recursos que están constituidos como garantías para las isapres funcionan como una especie de reserva para que las compañías puedan cumplir con las obligaciones con sus beneficiarios y prestadores.

Fuentes cercanas al proceso aseguraron que al menos un centro de salud ya le habría solicitado al superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, que revierta completa o parcialmente los actos administrativos por medio de los cuales autorizó la liberación de garantías. En el mercado trascendió que este documento estaría firmado por la Clínica Indisa.

Con esto, los prestadores intentarían que se dejen sin efecto, por ejemplo, las últimas liberaciones de garantía o las más grandes que ocurrieron desde septiembre de 2016 en adelante.

Fuentes conocedoras del proceso manifestaron que la Superintendencia podría revertir alguna acción administrativa de liberación de garantías que haya carecido de sustento.

¿Alcanzan los recursos para pagar?

Uno de los puntos que habrían encendido las alarmas en los prestadores son las dudas acerca de cuánto es el dinero que efectivamente corresponde a recursos garantizables. Esto, según explicaron en el mercado, porque si bien la Superintendencia y Nexus -fondo que adquirió la cartera de la isapre- han asegurado que existen cerca de $76 mil millones de garantía, en el documento de cierre del negocio entre la ex Masvida a Nexus, se reconoce una deuda por $105 mil millones y explicita que hay garantías por $56 mil millones. Con ello, conocedores de las exigencias de la Superintendencia aseguran que los recursos que mantenía Masvida en custodia estaban muy lejos de cumplir con la exigencia legal, que es equivalente al 100% del monto de las obligaciones que las isapres mantienen con los beneficiarios y con los prestadores de salud.

No obstante, fuentes cercanas al proceso manifestaron que a esos $56 mil millones se le deben sumar casi $20 mil millones de boletas de garantía que existirían con los bancos. Aun así, el monto no se acerca al total de la deuda.

En los próximos días habría otras clínicas que podrían plegarse a este tipo de peticiones. De hecho, varios prestadores estarían evaluando repetir esta solicitud, o incluso están estudiando iniciar otras acciones legales. Fuentes ligadas al proceso sostuvieron que Red de Salud UC Christus y Sanatorio Alemán estarían dentro de las otras clínicas que están analizando qué caminos tomarán para exigir que se inicie el proceso de reconstitución de las garantías que permita dar certidumbre al proceso de pago de las deudas.

Además, trascendió que algunos centros de salud estarían pensando en pedirle al superintendente que le exija al administrador provisional de la ex Masvida, Robert Rivas, que rinda cuentas del destino de los recursos que recibió el último tiempo, entre los que están los $64 mil millones ($32 mil millones por mes) que le entraron a la ex isapre por concepto de cotizaciones en marzo y abril, además de los $8 mil millones que ya habría pagado Nexus por la transferencia de la cartera.
Cuentas Pedirían que el interventor dé cuenta del destino que han tenido los recursos que ha recibido.

Fuente: El Mercurio