Instancia tripartita identifica a grupos negociadores y servicios mínimos como principales problemas de la reforma laboral

 Junto con la reforma laboral —impulsada por el gobierno anterior— se creó el Consejo Superior Laboral (CSL), instancia compuesta por nueve miembros que representan a los trabajadores, empresarios y al gobierno de turno.

Tras nueve meses en funcionamiento y con un total de 17 sesiones, hoy se publica el primer “Informe de seguimiento y evaluación sobre la implementación y aplicación de la Reforma Laboral”. En sus conclusiones, el informe de 61 páginas señala que, en general, el análisis sobre la reforma es positivo, ya que “busca fortalecer la libertad sindical en sus tres dimensiones: la constitución de sindicatos y su funcionamiento, la negociación colectiva y la huelga”. Pero, sin perjuicio de ello, señala que en la faceta de su aplicación se identifican ciertos problemas que han derivado en dificultades para los actores sociales.

Entre los principales problemas destacan la ausencia de un procedimiento legal para que negocien los grupos de trabajadores; el uso de los servicios mínimos como una prenegociación colectiva; la calificación de los servicios mínimos; los problemas en la extensión de beneficios; el poco uso y aparente desconocimiento o poca funcionalidad de los pactos de adaptabilidad, y la ausencia de datos para medir si la incorporación de las mujeres a las mesas negociadoras incide en las materias negociadas.

Negociaciones cayeron

En el segundo capítulo del documento, los miembros del CSL analizan los distintos indicadores que se crearon con la nueva legislación. Desde abril del año pasado hasta el primer trimestre de este año, se advierte que el número y la cantidad de procesos de negociación colectiva reglados disminuyeron. Entre abril de 2017 y marzo de 2018 hubo 1.718 negociaciones, con 210.684 trabajadores involucrados, un 19% menos que un año antes.

La menor negociación es atribuible, según los consejeros, a que hubo menos convenios colectivos vencidos en dichas fechas. Sin embargo, el informe señala que “en el primer trimestre de 2018, los sindicatos que negociaron convenios colectivos sobrepasaron en un 15% al número de sindicatos con convenios que vencían el primer trimestre de 2018”.

Uno de los puntos que han generado mayor controversia es la calificación de servicios mínimos en caso de huelga. Del total de 1.331empresas en procesos de negociación colectiva, entre abril del año pasado y marzo de 2018, solo en 671 casos —la mitad— se definió vía acuerdo de partes o requerimiento administrativo de servicios mínimos. Sobre este punto, los consejeros sostuvieron posturas diversas.

Para los consejeros de la CUT, “la restricción de los servicios mínimos está en la norma”, mientras que otros miembros del consejo sostienen que “la calificación de servicios mínimos ha sido difícil para las empresas, por la carga administrativa y legal que implica para estas”.

19% cayeron las negociaciones colectivas regladas entre abril de 2017 y marzo de 2018.

671 casos, de 1.331 empresas en procesos de negociación colectiva en el último año, definieron servicios mínimos.

38 calificaciones de servicios mínimos en el último año han sido objeto de reclamación ante tribunales de justicia.

20% es la tasa de sindicalización actual. Sin embargo, no es posible —según el informe— hablar de tendencia.