Interventor de Masvida denuncia estafa ante el Ministerio Público

Nuevo antecedente en querella de Clínica Las Lilas:
El administrador provisional aseguró en la Cámara de Diputados que hay facturas sin respaldo de un prestador.

Fuente:El Mercurio

EL INTERVENTOR DE MASVIDA, ROBERT RIVAS

Tras varios meses de reiteradas invitaciones al interventor de Masvida, Robert Rivas, por parte de la Comisión Investigadora del caso en la Cámara de Diputados, finalmente ayer llegó hasta el Congreso.

El administrador provisional de la isapre hizo una presentación por medio de la cual informó a los parlamentarios sobre las labores que ha tenido en estos casi cinco meses, asumiendo -por mandato de la Superintendencia de Salud- la gerencia general y presidencia del directorio de la ex aseguradora.

Allí, Rivas reveló que ayer presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por estafa. El interventor relató que detectaron facturas emitidas por un prestador y cuyos pagos no cuentan con respaldo.

Fuentes cercanas al proceso aseguraron que esta denuncia se suma a los antecedentes que ya había presentado la Clínica Las Lilas por facturas ideológicamente falsas, a través de una querella. Así, manifestaron que la denuncia que realizó Rivas fue por estafa, pero aseguraron que sería resorte del Servicio Impuestos Internos (SII) definir si se trata de facturas ideológicamente falsas. En este último caso, el director del SII, Fernando Barraza, podría querellarse o solicitar que lo haga la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud.

Barraza aseguró en la Comisión Investigadora que como Servicio siguen recabando antecedentes sobre el caso y que no solo revisarán estas facturas que están siendo cuestionadas por Rivas, sino también todas las que fueron pagadas por Masvida, con especial énfasis en las de empresas relacionadas a la matriz.

El interventor fue consultado por las deudas que aún mantiene la ex isapre con afiliados y prestadores, situación que ha estado en el centro de la polémica con este último grupo de acreedores, que ha presentado incluso acciones legales.

Rivas estimó que si bien la cifra está sujeta a ajustes, espera que los compromisos con prestadores oscilen entre $60 mil millones y $70 mil millones, mientras que las deudas con beneficiarios estarían entre $50 mil millones y $60 mil millones.

En este escenario, las acreencias afectas a la garantía llegarían a un monto entre $110 mil millones y $130 mil millones.

Fuente: El Mercurio