Clínicas arremeten contra superintendente de Salud por manejo de Masvida y lo culpan de generar crisis de confianza en el sistema

El titular de Salud está al centro de la controversia. Los prestadores le cuestionan haber actuado tardíamente y liberar garantía sin tener certeza de si había suficiente dinero para pagar las deudas. Personeros oficialistas reconocen que su situación genera un flanco abierto de críticas al gobierno, pero sí le conceden que contuvo una crisis que pudo ser peor si se traspasaba a los afiliados.
Fuente: El Mercurio

TEMEN QUE LA ISAPRE NO PAGUE COMPLETAMENTE LO QUE ADEUDA

En Masvida, y tal como ocurre en los mejores thrillers , el culpable cambió. Antes de que la “isapre de médicos” fuera intervenida, a inicios de año, y se decretara un inusual “corralito” sobre la aseguradora, las dudas y los cuestionamientos del mercado apuntaban a la administración de la isapre y del holding Empresas Masvida al que pertenecía, en particular a su ex presidente Claudio Santander. Pero hoy, ya levantado el corralito, y traspasada la cartera de la isapre a un nuevo dueño, Nexus, los dardos de varios actores apuntan en otra dirección: el desempeño en esta crisis del superintendente de Salud, Sebastián Ignacio Pavlovic Jeldres (42 años, abogado de la Universidad de Chile).

A Pavlovic se le cuestiona que resolviera intervenir la isapre de manera tardía, ya que el corralito se inició en marzo, pese a que las primeras alarmas sobre la compleja situación financiera de la isapre se encendieron hace al menos un año. También hay actores que tildan de negligente su actuar en otro asunto: que los números de la aseguradora “cuadren”; esto es, que la garantía de la isapre fuera equivalente al 100% de sus deudas, tal como lo mandata la ley.

Un flanco adicional para Pavlovic es que entre mayo de 2016 y enero de 2017 autorizó a esta isapre a realizar pagos -liberar parte de su garantía- por cerca de $87 mil millones, y la consecuencia es que hoy la garantía no alcanzaría para pagar las acreencias de las clínicas y centros médicos, ya sean hospitalizaciones o atenciones ambulatorias.

Otra crítica al superintendente es que en abril de este año aprobó la compra de la cartera de Masvida por parte de Nexus, sin que hubiera balances auditados de la isapre y sin que el comprador se hiciera cargo de las deudas. Todo ello -coinciden algunas clínicas- ha generado una crisis de confianza en el sistema.

En el entorno del superintendente comentan que su estrategia siempre fue que la intervención del Estado fuera la última opción. Aseguran que con los datos que había hasta antes de la intervención era posible que la entidad de salud enfrentara sus problemas por sí sola. Por ello, Pavlovic tampoco era partidario de rechazar la solicitud de liberación de garantía a la isapre, porque eso implicaba, a su entender, “acelerar la crisis“.

Cercanos a la autoridad enfatizan que el rol de la Superintendencia es velar por los afiliados, y que, de hecho, según la normativa -el DFL N°1 del Ministerio de Salud-, los afiliados están primero en la fila al momento de pagar las deudas de la isapre.

Un flanco en desarrollo es el cierre del registro de la isapre Masvida, que según profesionales vinculados al caso ocurriría a partir de la segunda mitad de julio. En la Superintendencia hacen ver que, contrario al temor que expresan privados, esta clausura del registro no implicará que el regulador dejará de fiscalizar a Masvida. De hecho, en el artículo 226 del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud se señala que una vez cerrado el registro, la Superintendencia “deberá pagar las obligaciones que aquella cauciona (ocasiona), dentro de un plazo no superior a noventa días“. Incluso los prestadores tienen 60 días de plazo para reclamar si es que los pagos son insuficientes.

Clínicas: “Regulador no cumplió su rol“

En junio, Pavlovic aseguró que con la información con que cuenta a la fecha, el dinero de la isapre “debería alcanzar razonablemente bien” para cubrir la deuda con prestadores y afiliados.

A junio, la deuda alcanzaría los $121 mil millones -cerca de $53 mil millones adeudados a afiliados y otros $67 mil millones a los prestadores-, y sube a $151 mil millones si se suman las acreencias con los bancos, según el estado de situación financiera de la isapre al 31 de mayo de 2017. Por ello es que los prestadores consideran que la garantía de la isapre es insuficiente.

Red de Salud Christus UC pidió por Ley de Transparencia información a la Superintendencia, que pormenorizó que al 22 de junio de este año la garantía sumaba $74 mil millones, y con las boletas de garantías cobradas por la entidad reguladora, por $9 mil millones, se totalizaban $83 mil millones. Por ello, la Red UC Christus advierte que “no ha habido transparencia de la información” de parte de la autoridad. “Como consecuencia del actuar de la autoridad, se pone en juego la fe pública y la credibilidad del todo el sistema“, alerta Gabriela Novoa, de UC Christus. Aunque esta red de salud no quiere dar cifras, trascendió que se les adeudarían más de $4 mil millones.

Al Sanatorio Alemán de Concepción, controlado por Gamma Capital y el empresario penquista Javier Álvarez, la isapre le debe unos $2.500 millones.

El gerente general de este centro de salud, Jorge Plaza de los Reyes, comparte los cuestionamientos. “Lamentablemente, el regulador no ha cumplido su rol“, señala. “Fue el propio superintendente el que llamó a los médicos y centros de atención de salud a no interrumpir la atención a los afiliados de Masvida; confiamos en la palabra de la autoridad, cuyo rol es asegurar un sistema garantizado, e incluso aumentamos el crédito a Masvida. Pero hoy es el propio superintendente quien por la prensa nos comunica que la garantía bajo su regulación no alcanzará para pagarnos“, asevera.

Sin personalizar su crítica, Manuel Serra, gerente general de Clínica Indisa, apunta a la entidad reguladora: “La Superintendencia de Salud autorizó a Masvida la liberación de garantía, a pesar de que con la información que disponía conocía o debía conocer la precaria situación financiera que afectaba a dicha institución“. En el mercado se señala que Indisa es una de las más afectadas, pues Masvida le adeuda cerca de $5 mil millones.

Prestadores podrían ir contra el Estado

Los cuestionamientos a Pavlovic no se han quedado en palabras. En junio, la Clínica Santa María, representada por Florencio Bernales, abogado del estudio Carola Diez Pérez Cotapos, interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. El escrito pide que la superintendencia cumpla con exigir a la isapre completar su garantía. Además, solicita que mientras se tramita este recurso de protección se impida a la Superintendencia cancelar el registro de la isapre, con el objetivo de asegurar la tramitación eficaz del recurso de protección. Pese a que esta última solicitud fue desestimada esta semana por la Corte de Apelaciones, la clínica presentó esta misma semana una reposición (o reconsideración).

La Red de Salud UC Christus interpuso a fines de mayo un requerimiento en Contraloría. “Estimamos que la Superintendencia de Salud habría dictado actos administrativos ilegales al autorizar la liberación de garantía de Masvida, sin la certeza de que la isapre cumplía con la norma legal que le permitía garantizar el pago al 100% de los acreedores“, enfatiza Gabriela Novoa.

Paralelamente, y en el escenario de que Masvida no pueda pagar el total de sus deudas, algunos abogados de clínicas reúnen pruebas para una eventual presentación de demandas civiles de indemnización de perjuicio en contra de la Superintendencia de Salud, donde en los hechos, si es que estos recursos prosperaran, el pagador final sería el Estado.

Fuentes de gobierno: Superintendente es autónomo y responsable de su actuar

Los cuestionamientos a Pavlovic también vienen del área política. La autoridad es militante refichado de la DC, y hay personeros oficialistas que vislumbran que su actuación puede dañar al gobierno y a su propio partido.

En el gobierno reconocen que mantener al superintendente en su cargo es sinónimo de críticas y de cuestionamiento no solo hacia él, sino también para el Gobierno, de manera constante. Pese a ello, señalan que tampoco es el momento para que la Presidenta Bachelet le pida la renuncia, justo en medio del proceso de ajuste de Masvida. “Es una noticia en desarrollo“, resumen.

Estos actores agregan que el superintendente ha tenido total autonomía en su gestión, tal como lo señala la ley. Dada esa independencia, también es responsable personalmente de su gestión, señalan estas fuentes.

El entorno de Pavlovic en la Superintendencia lo integran una docena de personas que lo han acompañado en sus decisiones sobre este tema: Nydia Contardo, intendenta de fondos y seguros previsionales de Salud, y el departamento de control y fiscalización, en particular el subdepartamento de evaluación de riesgo y el subdepartamento de control financiero.

En este grupo de funcionarios, el diagnóstico es el opuesto: “lo hicimos bien“. Señalan que hay tranquilidad, pues el hecho de que el superintendente pudiera contener una crisis que pudo haber tenido características “babilónicas” y generado filas de afiliados reclamando en las puertas de la Superintendencia de Salud, lo que finalmente no sucedió, fue evaluado positivamente por el Gobierno.

Según cercanos, Pavlovic también ha recibido respaldo de los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de la titular de Salud, Carmen Castillo.

Incluso más. Al interior de la entidad aseguran que la información que disponía el regulador hasta antes de intervenir la isapre, en febrero de 2017, apuntaba a un déficit que alcanzaba a unos $60 mil millones, en circunstancias de que los ingresos por sus cotizantes eran cercanos a $32 mil millones. Es decir, “los déficits detectados se podían cubrir en dos meses“, aseveran profesionales de la entidad fiscalizadora.

– El esquema de pagos que maneja el administrador provisional

Robert Rivas, nombrado administrador provisional de la ex isapre Masvida el 6 de marzo, y esta semana ratificado por cuatro meses adicionales, liderará una junta de acreedores donde se definirá cuánto se pagará a cada uno de los deudores.

Según trascendió, el esquema sería el siguiente: con las garantías de la isapre ($83 mil millones a la fecha), en primer lugar se paga todo lo que se les debe a los afiliados ($53 mil millones, aproximadamente) y el remanente se destinará a pagar a los prestadores (a los que se les adeudan $67 mil millones). Como el dinero de la garantía no alcanzará totalmente para cancelar a los prestadores -pues quedaría un remante sin pagar de casi $40 mil millones-, estos harán pesar su condición de valistas en un segundo proceso.

Robert Rivas debe llamar a una junta de acreedores, cuya fecha se fijará tras una resolución del 1 {+e} {+r} Juzgado Civil de Concepción, que da inicio al proceso de reorganización judicial. En esta asamblea participarán bancos, instituciones financieras, empresas de factoring, además de los mismos prestadores. Todos estos actores deben aprobar la reorganización judicial de la compañía y el modelo de pago que propone el administrador provisional, y aquí se abren dos escenarios: Si se aprueba, se gatilla el segundo pago de Nexus, por $27 mil millones. Si la asamblea no llega a acuerdo, como lo estiman cercanos a Rivas, este debe proponer un nuevo esquema de pago y llevarlo de nuevo a junta.

En medio de este complejo cronograma, el administrador provisional -quien está siendo asesorado por Nelson Contador, abogado del estudio Nelson Contador & Cía- también ha sido objeto de críticas y acciones legales.

El 16 de junio, Indisa presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción contra Masvida, representada legalmente por Rivas, por “haber incurrido la isapre y su administrador en una omisión arbitraria e ilegal”. Cuatro días después, Sanatorio Alemán de Concepción interpuso otro recurso de protección en el mismo tribunal.

Jorge Plaza de los Reyes, gerente del centro de salud penquista, explica que el administrador provisional “ha incurrido en omisiones ilegales, al no haber realizado esfuerzos adicionales para aumentar las garantías y pretender resolver este asunto en un proceso de reorganización“.

– Grupos de médicos rechazan trabajar con la nueva isapre

Las deudas de isapre Masvida tienen complicados a prestadores medianos y pequeños, como el Hospital Clínico de Viña del Mar, al cual la aseguradora le adeuda cerca de $1.700 millones, según el doctor Carlos Orfali, director de ese recinto.

“Para nosotros, que somos una clínica mediana, es de alto impacto el soportar una deuda que lleva varios meses de arrastre”, dice. Por lo mismo, estudian acciones legales.

Agrega que pese a que nunca han dejado de trabajar con pacientes de la antigua isapre Masvida, ahora, con Nueva Masvida están teniendo dificultades. La razón es que este recinto era prestador preferente de la antigua isapre y tenían muchas intervenciones con valores rebajados y que incluían honorarios de médicos en un solo paquete, varios de los cuales no han sido cancelados. “Nuestros profesionales nos han informado que no seguirán atendiendo por Nueva Masvida hasta que no se aclare la situación de impagos“, indica.

Eduardo Sánchez, director ejecutivo de Nexus Chile, explica que han logrado sumar a los grandes prestadores y también a las asociaciones gremiales de médicos, y si “hay algunos médicos aislados que no quieren atenderse por Nueva Masvida, nos gustaría saberlo para informarlos mejor y normalizar cualquier situación“, señaló.

Una posición distinta tienen Clínica Las Condes y la Clínica Alemana. La primera explica que cesó la atención con Masvida en enero de 2016, por lo que no arrastra deudas. Lo mismo sostiene la Alemana. Ambas suscribieron convenios con Nueva Masvida. También están trabajando con la nueva isapre, Indisa, Red de Salud Christus UC y el Sanatorio Alemán.

Fuente: El Mercurio