Informe de la Súper de Salud advirtió a fines de 2015 alto riesgo financiero de Masvida

El documento elaborado por la Unidad de Gestión de Información y Riesgos revelaba que la isapre tenía a nivel de sistema el mayor compromiso de activos con firmas relacionadas, que presentaba un detrimento en su estándar de patrimonio por el aumento de los pasivos corrientes y que no contaba con inversiones que respaldaran su patrimonio, entre otras.

Fuente: El Mercurio

HABRÍA SIDO DIVULGADO EN NOVIEMBRE DE ESE AÑO

Si bien la crisis de Masvida se desató con fuerza a principios de este año, a fines de 2015 ya había luces de alerta sobre el riesgo financiero de la isapre. Al menos así lo revela un informe de la Unidad de Gestión de Información y Riesgos de la Superintendencia de Salud -elaborado por la analista de esa área Marcela del Canto- que evaluó la situación de la aseguradora entre el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015. El documento, que habría sido presentado a otras áreas de la Superintendencia en noviembre de ese mismo año -y al que, junto con otros, “El Mercurio” tuvo acceso vía Ley de Transparencia-, catalogaba a Masvida entre las isapres más riesgosas del sistema, debido al empeoramiento tanto de sus indicadores financieros como de los de cumplimiento. Si bien en esta última categoría la isapre se encontraba en un nivel “medio”, fue encasillada como una firma con riesgo “alto”.

Los problemas que detectó el regulador en esa oportunidad eran variados. Concretamente, el informe determinaba que Masvida tenía a nivel del sistema, el mayor compromiso de activos con empresas relacionadas. Además, revelaba que presentaba un “detrimento en su estándar de patrimonio por el aumento de los pasivos corrientes”, junto con no contar con inversiones que respaldaran su patrimonio.

A través de ese documento, la Unidad de Riesgos también advertía que la isapre presentaba el mayor porcentaje del sistema de crédito a deudores por cotizaciones y que registraba la mayor siniestralidad entre las aseguradoras abiertas. Al mismo tiempo, era la firma que tenía la mayor pérdida operacional del sistema.

En 2014 se había realizado otro informe, que aunque fijaba el riesgo en “medio”, alertaba que “los mayores riesgos están representados por la profundización de su integración vertical, debido al aumento del monto adeudado por MV Financial Service Group S.A., por mantener el mayor porcentaje de crédito a deudores por cotizaciones del sistema (7,9%) y por el empeoramiento de sus calces financieros”.

Fuentes cercanas a la Superintendencia de Salud afirmaron que también existiría otro documento que analiza el cuarto trimestre de 2015 y que sería aun más lapidario que el informe previo de ese mismo año y al cual no se habría dado acceso a este medio vía la solicitud por Ley de Transparencia.

Entre enero y marzo del año pasado, la Unidad de Riesgos analizó nuevamente los indicadores de alerta temprana, que también dieron como resultado un nivel de riesgo “alto”. En los meses posteriores se realizaron una serie de informes de distintos tipos de riesgo, que al mismo tiempo desencadenaron oficios por parte de esa unidad a la isapre informando los resultados de los análisis. En paralelo y a partir de marzo de 2016, Clínicas de Chile comenzó a advertirle al regulador sobre una eventual insuficiencia de las garantías.

En la comisión investigadora del caso en la Cámara de Diputados, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, aseguró que ya en agosto de 2016 tenían clara la situación de vulnerabilidad de la isapre.

La crisis de Masvida desató distintas acciones tanto administrativas, como legales e incluso penales interpuestas por diversos actores. Actualmente, la fiscalía se encuentra indagando eventuales delitos tributarios, posible estafa y entrega de información falsa al regulador. En tanto, distintos acreedores de Masvida han presentado demandas civiles; presentaciones ante Contraloría por el rol de la superintendencia en el caso y la liberación de garantías que autorizó, y recursos de protección contra el regulador y otros contra el interventor, Robert Rivas, por la insuficiencia de las garantías legales de la isapre que permitirían cubrir sus obligaciones con afiliados y prestadores.

Fuente: El Mercurio